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Compliance Tributario: Será niña… La llamaremos UNE 19602!!

05/11/2018

La autora de esta columna es Margarita Santana, abogada penalista y socia de Santana Lorenzo Abogados ;  www.santanalorenzoabogados.com.

Parece que fue ayer cuando la responsabilidad penal de la persona jurídica fue concebida, en el año 2010.

Tras cinco años de larga espera, en los que el mundo jurídico no logró transmitir su importancia al mundo empresarial, y el compliance se quedó en un simple proyecto embrionario, sin calado de entidad en el mundo empresarial, gracias a la eximente del artículo 31 bis del Código Penal, la autorregulación vio la luz.

Era evidente que para ser competitivos y eficaces, España tenía que adaptarse a los nuevos tiempos, aplicando las políticas europeas de lucha contra la corrupción.

Pero la Administración en su empeñó en que fuera gestado se olvidó de orquestar la campaña de concienciación social y, era evidente que “el compliance” carecía de ese “feeling” que hay que tener para motivar a nuestro entramado empresarial, que se mareaba al subirse al “carro de la autorregulación” y, porque no decirlo, a la sociedad entera que luchaba por salir de una crisis galopante y no tenía aliento ni medios económicos para implementar otras medidas que no fueran las de la subsistencia.

Así las cosas, con la buena nueva en el año 2015, vinieron las típicas incertidumbres, miedos, noches sin dormir y, desazón, ante la imprecisión del Código Penal y las amenazas de la Fiscalía.

MARGARITA_SANTANA

Era lógica la inseguridad porque nadie sabía implementar planes de prevención de responsabilidad penal en el seno de las organizaciones, como lo interpretarían los jueces o que afectación tendría el “compliance” en nuestro actual proceso penal.

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El Tribunal Supremo Necesita Un Asesor De Imagen

30/10/2018

Margarita Santana Lorenzo,
Fundadora de SANTANA LORENZO ABOGADOS

El 16 de octubre de 2018, la Sección 2ª de la Sala Tercera, de lo Contencioso- Administrativo, del Tribunal Supremo dictó la ya famosa sentencia en “la crisis de las hipotecas”, sobre liquidación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario, por la que anula el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 828/1995 de 25 de mayo; y dando un bandazo en lo que hasta ahora venía siendo jurisprudencia, la sentencia afirma que el sujeto pasivo del impuesto no es el prestatario sino la entidad Bancaria que concede el préstamo.


El caos social que provocó esta sentencia, cuando de forma inmediata los despachos de abogados anunciaron ofertas para interponer demandas masivas de reclamación del impuesto, extendió el desconcierto de forma inmediata a los apoderados bancarios que no sabían qué hacer con operaciones ya aprobadas, a las gestorías que las habían presupuestado, y a los notarios que debían asesorar a todos ellos.

Y las cosas empeoraron cuando el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo contencioso adminisntrativo, Don Luis María Diez-Picazo publicó una nota por la que acordaba, reunir al Pleno “a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no Confirmado” “habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social”, lo cual a nuestro juicio es un error provocado nuevamente por la presión de la ciudadanía, porque los jueces deben impartir justicia con independencia del eco social que de ello se derive y de las instituciones que se vean afectadas.

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Masterclass ¿Por qué mi empresa debe invertir en "Compliance"?

23/10/2018

Con esta masterclass gratuita adquirirás conocimientos eminentemente prácticos en materia de Compliance, para implementar medidas eficaces de cumplimiento y prevención adaptadas a los tipos delictivos más habituales en las organizaciones.


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Oiga Usted, Señor Juez, Me Han Robado La Intimidad

08/10/2018

Margarita Santana y Ana Blanco

Cuando yo era pequeña, no hace tanto tiempo, la intimidad era respetada, los sumarios judiciales secretos y las conversaciones privadas.

Ahora que soy mayor me levanto cada mañana sobresaltada,  sin saber quién va a ser desprestigiado en el último rotativo o si “alguien” habrá autorizando injerencias en mi intimidad, porque ya no sé si tengo derecho a la intimidad o me han vendido un cuento.

El pasado 1 de julio, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detuvo a un comisario emblemático “G. C”, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y, a través de los medios de comunicación hemos sabido que, presuntamente, había estado años entregado al comisario “V” «todos los tráficos de llamadas que este le pedía», al estar «autorizado» para hacerlo por el director Adjunto Operativo de la policía (DAO), y ATENCIÓN!!! porque no estamos hablando de escuchas, sino de tráfico de llamadas, de quién hablaba con quién, dónde estaban ubicados, o qué mensajes se enviaban.

También presuntamente, era la comidilla entre sus compañeros que “V” realizaba investigaciones particulares, a través de sus propias empresas con medios del estado (de la policía) y, según “G.C” “a todos les parecía muy normal”, porque no nos engañemos parece que el derecho a la intimidad está de saldo.

Porque ese derecho que los adolescentes derrochan todos los días publicando su vida en redes sociales pero que algunos intentamos preservar como el bien más preciado, ya no existe,  y la protección constitucional de ese derecho se habrá convertido en una falacia si permitimos que algunas personas, esa gente con poder otorgado por el estado, decida por la mañana tomando café y sin previa autorización judicial, a quien se puede entregar  los tráficos de llamadas, máxime cuando la Fiscalía Anticorrupción está denunciando que, “prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia”.


¿Dónde quedaron esos días en que el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos imponía las normas del juego, y los jueces eran los encargados de autorizar tamaña intromisión en el derecho a la intimidad, siempre que no existiera otra medida menos restrictiva de derechos, y siempre de forma razonada y recurrible?

¿Por qué cualquiera puede grabarnos y no pasa nada?


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La Importancia De Una Buena Defensa Cuando La Presunción De Inocencia No Es Igual Para Todos

19/09/2018

 Margarita Santana Y Ana Blanco | 19 Septiembre, 2018

La semana pasada el titular del juzgado de instrucción nº 20 puso fin a una de las peores pesadillas vividas por las familias de varios inocentes, que fueron encarcelados por un error policial en relación al ‘Caso Jimmy’, la muerte del hincha del Deportivo de la Coruña hace casi cuatro años sin hallar a ningún autor o autores del crimen.

El instructor dictó auto de sobreseimiento y archivo al entender que no resultaba debidamente acreditada la perpetración del delito, ni la participación de 87 de los 97 investigados por el delito de riña tumultuaria.

Con carácter previo éste mismo Instructor, en éste mes de julio, dictó Auto sin procesamiento en relación con el delito de homicidio/ asesinato, ante la falta de indicios que permitieran mantener la autoría contra persona concreta.

Jimmy



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