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El Tribunal Supremo Atribuye A Los Consumidores El Pago Del Impuesto Por La Constitución Del Préstamo Hipotecario

Ya ahondamos en esta web en un artículo anterior, el tema de los gastos de formalización de operaciones  de préstamos con garantías hipotecarias, y como tanto los Juzgados de Primera Instancia como las Audiencias Provinciales, determinaban la abusividad de las cláusulas impuestas unilateralmente y sin capacidad alguna de negociación a los consumidores que se veían obligados a pagar la totalidad de los gastos e impuestos derivados de una operación, que en realidad beneficiaba a las entidades bancarias.

Sin embargo, la devolución de los gastos de formalización que había sido reconocida a muchos consumidores, fue recurrida por las entidades bancarias para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo por la discordancia entre las resoluciones del Alto Tribunal al respecto, y concretamente entre la Sala Primera de lo Civil, que era proclive a reconocer la procedencia de dicha devolución, y la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo que establecía que los impuestos debían ser satisfechos por el prestatario de la operación, y por tanto, el consumidor.

Pues bien, el pasado 28 de febrero, La Sala Primera del Tribunal Supremo en pleno, deliberaba y resolvía acerca de los Recursos de Casación 1211/2017 y 1518/2017 para unificación la doctrina sobre quién debía asumir los gastos de formalización de las hipotecas y concretamente sobre quien debía asumir el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; a este respecto, el Tribunal Supremo ha determinado y diferenciado que los gastos del Impuesto por la constitución del préstamo, han de ser desembolsado en su totalidad por el prestatario, es decir por los consumidores,  y que  respecto al timbre de los documentos notariales donde se recoge la operación, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, es decir, entre el consumidor  y la entidad bancaria.

Esta sentencia, que ha sido acogida con gran pesar entre los consumidores y asociaciones en defensa de los intereses de los consumidores, y cuyo contenido aún no se conoce en su integridad, no es recurrible ante los Tribunales de España por ser una sentencia que unifica la jurisprudencia existente al respecto del Tribunal Supremo;  aunque es muy probable, como ya ocurriese con el tema de las ya archiconocidas cláusulas suelo, que por parte de organizaciones de consumidores dicha resolución se recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, por lo que, aunque tardemos en conocer la decisión de este Tribunal al respecto, y a expensas de conocer la totalidad de la mencionada sentencia de 28 de febrero de la Sala Primera del Tribunal Supremo, podrían seguirse reclamando judicialmente y en todo caso, iniciar la vía de reclamación extrajudicial que interrumpa el plazo de prescripción, la mitad de los gastos de Notaría derivados de la escritura matriz de la operación, los gastos de inscripción registral y los gastos de gestión, aunque lo habitual en la actualidad y a la vista de la esperada sentencia del Tribunal Supremo, sea que los bancos no atiendan sus pretensiones y le inviten a acudir a la  vía judicial, en cuyo caso, y desde Lex Consulting Abogados, nos dudaremos en asesorarle desde sobre qué es lo más conveniente o cuáles son sus opciones. 
 
A continuación les dejamos en pdf la nota de prensa  del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo emitida al respecto de la resolución emitida el 28 de febrero a la espera de tener la sentencia en su totalidad.  

Nota Sala de lo Civil TS 28 feb 2018 (1)

Noelia Vázquez Gómez
Abogada
Lex Consulting Abogados S.L.

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