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Primero El IBI, Ahora Plusvalía

El 30/05/2014 la Sección Segunda de la Sala Tercera el Tribunal Supremo, dictó Sentencia en el Recurso de Casación en interés de Ley nº 2362/2013 contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sobre calificación catastral del suelo urbanizable sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Al igual que hiciera el TSJ de Extremadura, el Tribunal Supremo vino a sentenciar que, catastralmente, aquellos terrenos que precisaran la aprobación del correspondiente instrumento urbanístico de desarrollo para poder alcanzar la condición de suelo urbano, deberían reputarse como rústicos mientras no se apruebe dicho instrumento, aunque se trate de un suelo delimitado o sectorizado por el planeamiento urbanístico general.

Esta Sentencia obligó a reformar el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en concreto su artículo 7.2 b), puesto que numerosos suelos, calificados de urbanos, realmente tenían el carácter de rústicos y se produjo un aluvión de reclamaciones solicitando la devolución de los recibos de IBI pagados, en base al carácter urbano otorgado al bien.

Este año un nuevo impuesto ha sido objeto de estudio, por parte del Tribunal Constitucional, primero y del Tribunal Supremo, con posterioridad. 
 
Efectivamente, el Pleno del Tribunal Constitucional dictó Sentencia 59/2017, de 11 de Mayo de 2.017, publicada en el BOE nº 142 de 15 de Junio de 2.017, declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, únicamente, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. 
 
El Tribunal Constitucional aclara que aún en el caso de que los Ayuntamientos reduzcan el valor catastral de los bienes inmuebles, en virtud de la potestad que ostentan para ello, en el caso de una disminución en el valor del terreno en el momento de la transmisión, solo produciría el efecto de aminorar su importe, pero no lo evitaría, por lo que tanto si se ha hecho uso de la potestad de reducir el valor catastral como si no se ha hecho uso de él, estas situaciones entran en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución Española y por tanto acuerdan anular dichos artículos.

El Tribunal Supremo, nuevamente ha vuelto a incidir como hiciera en Sentencias anteriores en que el hecho imponible del impuesto está constituido por “el aumento de valor que hayan experimentados los terrenos” y que, conforme al criterio del Tribunal Constitucional las liquidaciones del impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana son nulos cuando no se haya producido aumento alguno al momento del devengo, por lo que consecuentemente si no existe incremento de valor no hay hecho imponible. 
 
Todas estas sentencias, tienen como consecuencia que todas aquellas liquidaciones giradas a pesar de no existir un incremento de valor del terreno transmitido, deberán ser anuladas y devueltas las cantidades que, en su caso, se hayan abonado teniendo los administrados la posibilidad de instar su devolución si la misma se ha producido hace menos de cuatro años, plazo de prescripción de dicha acción de devolución.  

Teresa Ovando Bardají.
Lex Consulting Abogados S.L.

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